Escándalo WhatsApp: El Juez del Supremo Recibe Información Crucial de EE.UU. Sobre el Fiscal General
Madrid, 24 de abril (EFE) – Un nuevo giro en el polémico caso del intercambio de mensajes de WhatsApp entre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y abogados vinculados a la trama de Isabel Díaz Ayuso. El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha recibido la tan esperada comisión rogatoria proveniente de Estados Unidos, conteniendo información crucial sobre las conversaciones en WhatsApp que han generado una profunda crisis política y judicial en España.
Esta recepción marca un hito importante en la investigación, ya que se espera que los datos proporcionados por las autoridades estadounidenses arrojen luz sobre el alcance y la naturaleza de las comunicaciones entre García Ortiz y los letrados de la empresa GyP, propiedad del esposo de la exvicepresidenta madrileña, Enrique Ossorio.
Como ya había hecho anteriormente, el juez Hurtado ha solicitado un informe detallado a la Fiscalía General del Estado sobre la información recibida. Este informe deberá analizar en profundidad el contenido de los mensajes, identificar posibles irregularidades y determinar si se han cometido delitos que justifiquen la apertura de una investigación formal contra el fiscal general.
¿Qué contiene la información de EE.UU.?
La comisión rogatoria incluye registros de conversaciones de WhatsApp que se cree que podrían revelar detalles sobre la influencia del fiscal general en decisiones judiciales relacionadas con la investigación de la trama de Isabel Díaz Ayuso. Se sospecha que García Ortiz podría haber ejercido presión indebida sobre los jueces para favorecer los intereses de la empresa GyP.
La recepción de esta información ha intensificado la presión sobre el Gobierno español, que se encuentra en una difícil situación. La oposición exige la dimisión del fiscal general, mientras que el Ejecutivo se muestra reacio a tomar medidas que podrían comprometer la independencia del Ministerio Público.
Implicaciones y próximos pasos
El juez Hurtado tiene ahora la responsabilidad de analizar la información recibida y decidir si se deben tomar medidas adicionales en este caso. La apertura de una investigación formal contra el fiscal general tendría consecuencias políticas y judiciales de gran alcance, y podría generar una crisis aún mayor en el Gobierno español.
Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en el sistema judicial español, y de garantizar la independencia del Ministerio Público frente a presiones externas.
La opinión pública sigue este caso con gran interés, esperando que se esclarezca la verdad y que los responsables rindan cuentas por sus actos. La información proporcionada por EE.UU. podría ser la clave para resolver este complejo y polémico asunto.