Contratos Millonarios: El Oligopolio Aéreo que se Lucra con los Incendios en España
Mientras España se enfrenta a una ola de incendios devastadores, un selecto grupo de empresas privadas está embolsando enormes sumas de dinero gracias a los contratos de extinción con los gobiernos autonómicos. La Ley de Montes, junto con los estatutos de cada comunidad, obliga a estas regiones a contratar anualmente una flota considerable de helicópteros y aviones, creando un mercado multimillonario que parece beneficiar más a las empresas que a la lucha contra las llamas.
Un Oligopolio en el Cielo
Este sistema ha dado lugar a un oligopolio aéreo, donde un puñado de compañías, como Helicus, Tragsa, y otras, se reparten la mayor parte de los contratos. En el último año, se estima que se han adjudicado más de 400 millones de euros en contratos relacionados con la extinción de incendios en las comunidades más afectadas. Estos contratos cubren desde el alquiler de aeronaves hasta la provisión de pilotos y personal de tierra, pero la pregunta que surge es: ¿estos fondos se están utilizando de la manera más eficiente para combatir los incendios?
La Ley de Montes: Un Factor Clave
La Ley de Montes de 1996 y sus posteriores modificaciones establecen que la prevención y extinción de incendios forestales es competencia de las comunidades autónomas. Esto significa que cada región debe gestionar sus propios recursos y contratos, lo que a menudo lleva a la fragmentación y a la falta de coordinación a nivel nacional. Esta descentralización, aunque tiene sus ventajas, también facilita la aparición de contratos fragmentados y, en algunos casos, con precios inflados.
¿Eficiencia o Beneficios Privados?
Las críticas al sistema actual se centran en la falta de transparencia y en la posibilidad de que los intereses económicos de las empresas primen sobre la eficiencia en la extinción de incendios. Algunos expertos señalan que la dependencia de contratos anuales impide la inversión a largo plazo en equipos y personal, lo que podría mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios. Además, la falta de una evaluación independiente del rendimiento de las empresas contratadas dificulta la rendición de cuentas.
La Necesidad de un Cambio
Ante la creciente frecuencia e intensidad de los incendios forestales en España, es imperativo revisar el sistema actual de extinción. Algunas propuestas incluyen la creación de un servicio nacional de extinción de incendios, la centralización de la gestión de contratos, y la implementación de criterios de evaluación más rigurosos para las empresas contratadas. También se necesita una mayor inversión en prevención, incluyendo la gestión forestal sostenible y la educación de la población sobre los riesgos de incendios.
La situación actual exige un debate urgente sobre la necesidad de reformar la Ley de Montes y de garantizar que los recursos destinados a la extinción de incendios se utilicen de manera eficiente y transparente, priorizando la protección del medio ambiente y la seguridad de las personas.